Denisse Guerra Salas
Alumna en práctica Centro de Políticas Públicas UCT (CPP UC Temuco)
Resumen: El presente informe pretende abordar críticamente los objetivos y avances del “Acuerdo Nacional por el desarrollo y la paz en la Araucanía”. El análisis se llevó a cabo mediante documentos oficiales del gobierno junto con la incorporación de perspectivas externas a través de dos entrevistas personales y del análisis de contenido de medios de comunicación y del primer discurso del presidente Sebastián Piñera en la promulgación del acuerdo. Recorreremos así las promesas incumplidas respecto al reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, a la vez que destacaremos los mayores puntos de avance del acuerdo para finalizar con recomendaciones desde la disciplina antropológica.
Introducción
El siguiente informe se enmarca dentro mi práctica profesional realizada en el Centro de políticas públicas de la Universidad Católica de Temuco, en este sentido con el presente escrito presentaré el primer objetivo específico emanado como requerimiento desde la institución es cual es:
– Analizar la ejecución del “Acuerdo nacional por el desarrollo y la paz en la Araucanía” desde una perspectiva cultural.
La revisión y análisis de este Acuerdo cobra vital importancia al desarrollarse para una región en la que conviven simultáneamente distintas culturas y visiones que poco han avanzado en una convivencia y diálogo intercultural. Además, se trata de la región más pobre Chile alcanzando un 17,2% de pobreza por ingresos, un 4,6% de pobreza extrema por ingresos y un 28,5% de pobreza multidimensional comparado con el 20,7% de promedio nacional (CASEN 2017).
Considero que para el Centro de políticas públicas conjugar con el medio regional y territorial a través de los ejes que propone el Acuerdo, es conjugar con la visión de la Universidad, visión que intenta ser proclive a la interculturalidad y al desarrollo local pertinente socioculturalmente.
La estructura de este informe presenta tres apartados, el primero de ellos aborda el contexto y problema identificado a partir del Acuerdo, el segundo presenta los avances y retrocesos de los ejes trazados en el mismo y finalmente, el tercer apartado expone las principales conclusiones y recomendaciones a partir de la revisión.
El documento en su conjunto intentará analizar críticamente la ejecución del acuerdo incorporando además la perspectiva de Pablo Mariman, mapuche e historiador y una antropóloga ex trabajadora de la mesa técnica de CONADI. Además, se incorporan distintas miradas desde análisis de medios de comunicación como Ciper y El desconcierto.
Contexto y problema de la política pública
Posterior a la pacificación de la Araucanía, en el territorio al sur de Chile se fue creando un proyecto de construcción Estado-Nación. En este proyecto se consideraba la asimilación del pueblo mapuche, a través de la educación y la religión. Un punto importante en este proyecto nacional era la ocupación de las tierras, para que estas tuvieran un carácter productivo para la nación. Bajo esta lógica se procedió a la usurpación, división y reducción de territorios indígenas, lo que produjo un empobrecimiento de la población mapuche y permitió la intervención del Estado con el discurso de superación de la pobreza. De esta forma, el pueblo mapuche se ha convertido en objeto de políticas públicas en función del control del mundo social en el ordenamiento territorial.
Las primeras formas de control estatal en la población y territorio mapuche fueron los títulos de merced (1883-1929) entregados como derechos de propiedad a las distintas reducciones indígenas. Los títulos de merced configuraron un proceso de individualización de las tierras consideradas como colectivas para los mapuche, lo que ha generado una tensión histórica en las prácticas y discursos reivindicativos.
En relación a lo anterior, Molina (1995) nos plantea que el Estado chileno sustituyó el territorio indígena por propiedad de indígenas, ya sea constituida en base a las normas del derecho común o por leyes especiales como fueron las de radicación. Según Molina para los mapuche la constitución de la propiedad indígena no respetó los territorios jurisdiccionales de cada comunidad. En este contexto, no se respetó las formas de transmisión, ocupación y uso de la tierra indígena.
Podríamos decir que en este contexto una segunda forma de control fueron las creaciones de comités o comunidades indígenas con personalidad jurídica a inicios de los noventa. Esta nueva forma de organización requería la elección de autoridades no ancestrales en la lógica directiva de presidente, secretario (a), tesorero (a), etc. Al mantener comunicación entre estas entidades con el gobierno, se les quita autonomía y decisión a las propias formas de organización política del pueblo, desplazando de alguna forma a sus autoridades ancestrales.
De esta forma de control se desprende la inyección de otras configuraciones en las lógicas productivas propias de las dinámicas de acumulación de capital. Con la intervención del Programa orígenes a comienzos del 2000 las comunidades fueron adquiriendo conocimiento técnico y herramientas tecnológicas que facilitaban la producción a escala.
Inevitablemente lo anterior nos lleva a esbozar el concepto de desarrollo el cual en su trayectoria universal/unilineal posee su foco en el progreso tecnológico y en el crecimiento económico conceptualizando la naturaleza como recurso e instalando empresas extractivitas lo que de cierta forma choca con las diferentes formas de entender y desarrollarse con la naturaleza que tienen los pueblos indígenas.
De esta manera las transformaciones en el territorio junto con la instalación de la idea de desarrollo productivo en la región de la Araucanía motivaron luchas y reivindicaciones por el reconocimiento y autonomía del pueblo mapuche. Estas luchas han tomado varios caminos algunos de ellos que han llevado a enfrentamientos violentos otros que involucran diálogo y acuerdos.
En la línea de acuerdos, Pinto (2018) destaca en relación a este análisis e identificación del problema, un punto de partida, y es que de Aylwin a Piñera se ha gestado el historial de la incumplida promesa del reconocimiento constitucional al pueblo mapuche a la vez que se ha entendido como reconocimiento constitucional solo el nivel cultural no político.
Con Aylwin y los Acuerdos de Nueva Imperial en 1989 se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo que está encargado de la promoción, coordinación y ejecución de los planes de desarrollo estatal para los pueblos indígenas, además de ser el primer cuerpo legal que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Luego Ricardo Lagos en 2001 convocó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. En el informe se propuso otorgar reconocimiento constitucional y garantizar derechos y autonomía a los pueblos indígenas. Además, se propuso la creación de un Consejo de Pueblos Indígena para garantizar el derecho participativo del estatuto jurídico de los pueblos.
A la llegada de Michelle Bachelet se creó un ambiente de esperanza al reconocimiento constitucional, en su gobierno se presentó el sentido de urgencia en esta materia y se propuso la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación.
Sin embargo, ninguna de las propuestas fue aprobadas durante los distintos mandatos, otras se presentaron tarde como proyecto de ley, de ahí el problema de promesas incumplidas. Podemos agregar que la única promesa cumplida llegó en 2009 con la ratificación del Convenio 169 “que estipula la obligación del Estado chileno a asumir la responsabilidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas, lo que se traduce en una «consulta previa» que se aplica cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Pinto 2018).
Ahora bien, la actual respuesta de política pública al problema expuesto son un conjunto de objetivos desarrollado en lo que el gobierno de Sebastián Piñera ha denominado “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía”.
El 23 de marzo de 2018 a poco iniciado el mandato presidencial de Sebastián Piñera y bajo el lema “sin diálogo no hay acuerdos. Sin acuerdos no hay paz. Y sin paz no hay desarrollo”, el presidente plantea un gran acuerdo nacional por la paz en la Araucanía. Este acuerdo se vio plasmado en un plan de desarrollo que contempla 3 ejes:
1. Voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de paz. Este punto está concentrado en dos dimensiones. La primera es de diálogo y acuerdo donde se proponen encuentros con los pueblos indígenas por una parte y con víctimas de hechos de violencia por otra. La segunda corresponde a seguimiento e implementación de los acuerdos tomados en la primera dimensión. En este punto se plantea la constitución de un Consejo por el Reencuentro de La Araucanía, compuesto por representantes de carácter transversal, de distintos sectores, del más alto nivel y credibilidad de la región.
2. Reconocimiento y valoración de nuestra diversidad. Corresponde al eje más centrado en generar mecanismos de reconocimiento cultural y representación política de los pueblos. Principalmente se advierte la necesidad de reconocer el derecho a conservar, fortalecer y desarrollar la historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones y tradiciones propias de los pueblos indígenas, así como establecer el deber del Estado de respetar y preservar la diversidad cultural del país. Este segundo eje se divide en cinco áreas: diversidad cultural, reconocimiento constitucional, institucionalidad indígena y representación política y finalmente, desarrollo territorial indígena.
Al respecto se plantean las siguientes propuestas:
Diversidad Cultural
– Nuevo estatuto que reconoce la función docente de los más de mil Educadores Tradicionales del país.
– Nuevas Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura Indígena.
– Revisión de los contenidos indígenas de los textos escolares de Historia para verificar su pertinencia intercultural y garantizar un tratamiento respetuoso hacia los pueblos indígenas.
– Facilitar la concesión de servicios turísticos en Parques Nacionales a comunidades indígenas para hacerlos parte del desarrollo turístico de estas áreas en armonía a sus tradiciones.
– Transferir a comunidades indígenas mapuches de La Araucanía la propiedad de 98 sitios de significación ceremonial que hoy pertenecen al Estado.
– Potenciar la atención de medicina mapuche, el rol de las autoridades tradicionales, la alimentación saludable propia de los pueblos indígenas, denominaciones de origen, entre otros.
Reconocimiento Constitucional
– Ingreso de una reforma constitucional que incorporará a la Constitución el reconocimiento y la valoración de los pueblos indígenas que habitan el territorio.
– Reconocer los derechos a conservar, fortalecer y desarrollar la historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones y tradiciones propias de estos pueblos e incorporar el deber del Estado de preservar la diversidad cultural del país.
Institucionalidad Indígena Y Representación Política
– Creación del Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
– Fortalecimiento de las atribuciones de los Consejos de Pueblos como interlocutor y continuador del diálogo para contribuir de forma efectiva en la toma de decisiones en las materias que le son propias.
– Ley de cuotas mínimas para promover la participación de candidatos indígenas en las elecciones y se incorporará un incentivo económico a través de un reembolso mayor por voto obtenido por los candidatos indígenas.
Desarrollo Territorial Indígena
– Ampliar la posibilidad para que las comunidades puedan suscribir contratos de arriendo, mediería o aparcería en sus tierras, aumentado el plazo máximo permitido.
– Permitir a las comunidades titulares de tierras que pueden dividir el título común y generar títulos individuales de dominio para los miembros de la comunidad.
– Disminuir el plazo de la prohibición de enajenación entre indígenas de tierras adquiridas con fondos de la Cenada.
– Clarificar las reglas aplicables a la permuta de tierras indígenas por personas no indígenas con especial foco en tierras que se encuentran en áreas de expansión urbana.
– Permitir que las asociaciones indígenas puedan postular al Fondo de Desarrollo Indígena.
– Mejorar la cobertura de subsidios para fomentar la productividad de las tierras indígenas.
3. Desarrollo integral e inclusivo para la región.
Este eje es ejecutado a partir del Plan impulsa Araucanía el cual promueve iniciativas de desarrollo económico y social en tres áreas priorizadas (reconversión agrícola, turismo y energías renovables). Cabe destacar que el Plan impulsa Araucanía se plantea como una política multiministerial incorporando ejes sectoriales a través de CORFO, MINVU, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio Bienes Nacionales y Ministerio de Economía.
Al respecto los objetivos por áreas priorizadas son:
Agricultura
– Mejorar el acceso a financiamiento para la reconversión a rubros más rentables o la tecnificación dentro de un mismo rubro.
– Fortalecer la capacitación, transferencia y difusión de rubros competitivos.
– Aumentar la disponibilidad y acceso de agua para riego.
– Estimular la asociatividad, el emprendimiento y las alianzas productivas.
– Diversificar la matriz productiva.
– Implementar la Política de Desarrollo Rural.
Turismo
– Desarrollar tres proyectos de alto estándar sustentable en los parques nacionales Conguillio, Nahuelbuta y Villarrica.
– Incorporar productivamente a comunidades aledañas a 4 parques nacionales: Conguillío, Nahuelbuta, Villarrica y Huerquehue.
– Transformar un monumento natural de la región como polo atractivo, natural, cultural y deportivo.
– Mejorar la infraestructura turística en 4 de los 5 parques nacionales existentes en La Araucanía.
– Aumentar en un 25% la llegada de turistas nacionales y extranjeros, alcanzando elaño2022 la llegada de 825.000 turistas a la región.
– Incrementar en un 40% la llegada de turistas nacionales y extranjeros a áreas silvestres protegidas, alcanzando el 2022 la llegada de 567.000 personas.
– Incrementar en un 40% las prestaciones de servicios turísticos registrados en el servicio nacional de turismo-SERNATUR, pasando de 1.389 a 2.000 servicios al 2022.
– Vincular 360 organizaciones a encadenamientos productivos.
– Formalizar 446 empresas en prestaciones turísticas.
– Apoyar a 100 nuevas empresas para la obtención de resoluciones sanitarias.
– Realizar 1.190 acciones de capacitación para prestadores de servicios turísticos con instrumentos que promuevan su fortalecimiento empresarial.
– Apoyar a 472 empresarios turísticos en infraestructura y equipamiento productivo.
– Desarrollar nuevos productos turísticos mapuche en destinos Costa, Nahuelbuta y Araucanía Andina.
Energías Renovables
– Potenciar las iniciativas de generación eléctrica en base a energías renovables.
– Facilitar el acceso a los servicios energéticos.
– Fomentar el proceso de formalización de Dendroenergía.
– Aumentar la generación de energía en nuestra región.
Podríamos decir que los primeros dos ejes giran en torno a la esfera cultural, de reconocimiento y representación política que se posiciona como un compromiso de gobierno para entablar mejores relaciones entre el estado chileno y el pueblo mapuche. Mientras que el último eje está centrado más bien en la intervención social y promoción del emprendimiento en la región a través del Plan impulsa Araucanía y sus tres ejes: agricultura, turismo y energías renovables.
Al respecto destacamos que el reconocimiento y la representación política de los pueblos indígenas se sientan sobre las bases de las promesas incumplidas de los gobiernos anteriores por ejemplo al fomentar la urgencia del proyecto de ley que crea un Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas. No obstante, en su discurso presidencial Sebastián Piñera alude a que este Acuerdo es el primer esfuerzo para avanzar en el desarrollo y la paz en la región (Discurso presidencial, 2018).
Avances y retrocesos de los ejes del Acuerdo.
A continuación, presentaremos algunos avances del Acuerdo acudiendo a información oficial presente en documentos como la cuenta pública 2019-2020, la ley de presupuesto 2019-2020 y de los porcentajes de evolución presente en la página de Plan impulsa Araucanía elaborados en base a DIPRES a marzo de 2021.
Comenzaremos con lo dispuesto en el eje 3 canalizado a través del Plan impulsa Araucanía, en este sentido la variación de presupuesto es de $72.116 millones aumentados en el presupuesto de 2020 con un total de $683.256 millones versus los $611.140 millones del presupuesto 2019 (Ley de Presupuestos 2019-2020).
Un aspecto a destacar respecto al presupuesto de 2019 y 2020 son las áreas de mayor crecimiento. Para 2019 corresponde a educación, programas de caminos básicos y programas de SERCOTEC destinados a emprendimientos y capacitaciones (Ley de Presupuestos 2019). Para 2020 el crecimiento migró al Servicio nacional de pesca y agricultura, transporte y energías (Ley de presupuestos 2020).
Respecto al porcentaje de avance por iniciativas se presentan un total de 727 (Developer, s. f.) a marzo de 2021, ya se encuentran terminadas 236 iniciativas (32,46%), otras 489 están en proceso (67,26%) y 3 por comenzar (4,4). Éstas se encuentran contenidas en las líneas de los ejes sectoriales del plan, constituidos por Viviendas y Espacios públicos, Obras Públicas, Educación, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Bienes Nacionales, que en su conjunto acompañan a los ejes principales de Agricultura, Turismo y Energías Renovables.
De esta forma el 32,46% de iniciativas terminadas corresponden mayoritariamente a obtención de equipamiento de salud y mejoramiento o construcción de centros de salud, reparación de puentes y caminos, alumbrado, plazas y veredas, mejoramiento a través del programa quiero mi barrio e instalación sistemas de agua potable rural.
Dentro del porcentaje de iniciativas en proceso se encuentran los programas de protección ambiental, la instalación de puntos limpio, recambio de calefactores, mejoramiento turístico de Parques Nacionales, programa de fortalecimiento de productos indígenas, mejoramiento centros de salud, alianzas productivas agrícola, crédito, riego, desarrollo de inversiones con familias agrícolas, conservación de espacios públicos y caminos y construcción de sistemas de agua potable rural.
Finalmente, en el porcentaje de iniciativas por iniciar o con término anticipado destacan conservación de camino acceso a comunidades indígenas, instalar el primer seguro paramétrico en chile y fomento y transferencia sistemas agroforestales.
Continuación una representación gráfica de los porcentajes de avance por iniciativas y sectores:
Fuente: Reporte elaborado en base a aplicativos DIPRES de MARZO del 2021
Estado de avance sectorial
Fuente: Reporte elaborado en base a aplicativos DIPRES de MARZO del 2021
Por otro lado, este tercer eje ejecutado a través del Plan impulsa Araucanía contempla tres sub ejes. La siguiente tabla muestra los logros alcanzado por eje y las instituciones o programas relacionados:
Sector/eje Logro alcanzado hasta 2019 Proyecciones 2020-2022 Instituciones y programas relacionados
Agricultura -Disponibilizar agua a 3542 pequeños y medianos agricultores.
– 3 proyectos de conducción de canales.
-4678 proyectos productivos.
-Líneas especiales de crédito para la Agricultura Familiar Campesina con un presupuesto de 14 mil 047 millones.
-Asesoría técnica y ayuda en inversión productiva 14 mil 292 millones de pesos.
-2 pilotos (Los Sauces y Melipeuco) respecto a la Política de Desarrollo Rural -Aumento de 340 hectáreas nuevas de riego. Inversión 2.839 millones de pesos.
-Reposición de la Base de la Brigada para el Combate de Incendios Forestales de Victoria. Inversión 533 millones de peso. -CNR, INDAP, CONADI y DOH.
-MOP Y DOH
-Programa de desarrollo de inversiones.
-PRODESAL, PDTI Y SAT.
-ODEPA y convenios con FOSIS, MINSAL, ENERGÍA, DOH, BBNN Y MINVU.
-CONAF
Turismo
-Priorización de 3 parques (trabajo con actores locales, desarrollo económico y cultural sustentable) Huerquehue, Nabuelbuta y Conguillío.
-Proyecto de mejoramiento Parque Nacional Villarrica. Inversión 750 millones de pesos.
-Diseño de mejoramiento infraestructura Parque Nacional Nabuelbuta. Inversión 44 millones 500 mil pesos.
-Difusión del turismo regional. Inversión de 824 millones de pesos.
– Desarrollo y fomento productivo: apoyo a la formalización, capacitación,
infraestructura y equipamiento de los prestadores de servicios turísticos. Inversión 3 mil 528 millones de pesos.
-Financiamiento a cooperativas turísticas dos en la línea Fünmapu (compuesta por personas mapuche) y una en la línea tradicional (empresas aledañas a parques nacionales).
-Exposiciones de comercialización y exhibición de productos artesanos.
-Oficialización de 60 nuevos emprendedores del área de turismo.
– Certificación sanitaria de los empresarios del rubro turismo y hospedaje.
-Apoyo a 157 empresas con inversión individual de 6 millones. -Finalizar mejoramiento de la zona de uso público del Parque Nacional Villarrica. 418 millones de pesos.
-Construcción del Centro de Información Ambiental y obras complementarias Parque Nacional Nahuelbuta por un monto de 880 millones de pesos.
-mejoramiento de la zona de uso público y administrativa del Parque Nacional Conguillio por un monto de 320 millones de pesos.
-Licitación de la concesión del Centro de Montaña en el Parque Nacional Villarrica.
-Análisis técnico y económico de la iniciativa Construcción Parque Viaducto Malleco en la comuna Collipulli. Lo que permitirá en 2021 la construcción de 57.280 metros cuadrados de infraestructura orientada a comercio, turismo y cultura. Inversión 6.000 millones de pesos. – Programa de promoción y difusión nacional e internacional de destino Araucanía.
-CORE
-Ministerio de economía; CORFO y SERCOTEC.
-Programa Juntos, fondo asociativo de negocios.
– Programa Redes de Oportunidades de Negocios.
-Programa Capital semilla Emprende.
-Programa Formación empresarial.
-Programa Crece Plan Impulso Turismo.
-SERNATUR.
-CONAF
Energías renovables
-Prueba de parques eólicos La Flor, San Gabriel y Tolpán Sur, en la comuna de Renaico. Inversión 554 millones de dólares en infraestructura privada.
– Proyecto de electrificación fotovoltaica para la comunidad indígena Pedro Calfuqueo en la comuna de Lonquimay. Inversión 146 millones de pesos.
-Ejecución de 3 proyectos de electrificación rural. Favorece a 145 familias.
-Proyectos integrales de energización en base a energías renovables a pequeña escala, enfocados en familias y/o comunidades indígenas a través de soluciones de agua caliente sanitaria, fotovoltaicas y de sistema solares térmicos. Inversión de 700 millones de pesos hasta el 2021.
-Obtención de energía a partir de biocombustible derivado del manejo sustentable del recurso forestal. Permitió poner en el mercado 6500 metros cúbicos de leña seca lo que equivale a la demanda anual de 722 familias urbanas.
-Aumento de capacidad instalada de generación eléctrica a 700 megawatts. Se traduce en luz eléctrica a 1.400.000 viviendas.
-Incorporación de 270 megawatts con la entrada en operación del Parque Eólico WPD Malleco en la comuna de Collipulli. Se traduce en entrega de energía a 250 mil familias.
-SUBDERE
-Programa de Electrificación Rural
-Programa de Dendroenergía ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía.
He querido dejar para el final de este apartado los avances y retrocesos relativos a los dos primeros ejes del plan, pues la información encontrada y solicitada mediante transparencia deja una sensación de estanco respecto a la búsqueda de acuerdos, diálogos y reconocimiento para/con el pueblo mapuche.
Los principales elementos donde se podrían haber destacado avances o retrocesos respectos a estos ejes son el Consejo por el Reencuentro de La Araucanía y posteriormente el Comité interministerial Wallmapu ambos elementos propuestos con el objetivo de dialogar y llegar a acuerdos, así lo explicó la ministra Karla Rubilar en septiembre de 2020:
“el objetivo de este comité es: el diálogo, el acuerdo y la búsqueda de paz; el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural; y el desarrollo integral e inclusivo de la zona también nos interesa avanzar en la concreción de una protección para quienes han sido víctimas de violencia en La Araucanía” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020).
En ese entonces la ministra anunciaba que el comité estaría encabezado por el presidente Piñera y sesionará en el Palacio de la Moneda una vez por semana. Estaría compuesto por los ministros del Interior, Víctor Pérez; de Justicia, Hernán Larraín; Obras Públicas, Alfredo Moreno; y Desarrollo Social, que incluía a los Intendentes de la Región de La Araucanía, Víctor Manoli y del Bío Bío, Sergio Giacaman.
La promulgación de este comité se desarrolló en la región de la Araucanía en un encuentro con el consejo de lonkos y la corporación de machis, sin embargo, no estuvo exento de complicaciones, ya que a las afueras de la reunión sectores del pueblo mapuche protestaban y se enfrentaban con carabineros reclamando y deslegitimando la validez de la reunión al no contemplar lo que para ellos realmente representaba al pueblo mapuche (Hansen, 2020). No se ha encontrado información ni en páginas web ni en medios oficiales de gobierno que señale las sesiones realizadas por el Comité interministerial Wallmapu.
En la misma línea, el Consejo por el reencuentro de la Araucanía la única información se encontraba en el documento oficial del Acuerdo donde se anunciaba su creación. Al respecto se realizó una solicitud de información mediante transparencia con el número AB012T0000116 y con fecha 09 de abril de 2021, desde la cual solo respondieron acusando recibo de la derivación de la solicitud a la Intendencia Regional de la Araucanía. Pasando los días hábiles de espera la información aparece como entregada por lo que se realiza un reclamo mediante SIAC con el código OR012N0004273 sin tener respuesta hasta la fecha de entrega de este informe.
Por otro lado, la creación del Consejo por el reencuentro en la Araucanía establecido en el eje uno, tampoco es algo nuevo, la antropóloga quien trabajo en CONADI, “el consejo por la paz y en reencuentro no es algo nuevo, es súper viejo originalmente se llamaban mesas de diálogo, mesas tripartitas y es algo que en la región siempre se ha intentado hacer desde la vuelta de la dictadura en adelante” (entrevista personal, 19 de abril de 2020).
En relación al segundo eje logre rastrear las nuevas bases curriculares de lengua y cultura indígena que sobre la base del reconocimiento a la diversidad se creó para promover en las escuelas, colegios y liceos el mapudungun u otras lenguas indígenas que representen parte de la identidad de las distintas regiones de Chile.
Sin embargo, estas bases no son obligatorias, están a disposición de los planes y programas de estudio que las propias entidades educativas formulen. En este sentido se solicitó mediante transparencia información sobre los programas de estudios que en la región de la Araucanía incorporaran el mapudungun como asignatura, lo que arrojo más de 200 escuelas y colegios de educación básica que contenían la lengua indígena como asignatura, lo que significa un gran avance en materia de reconocimiento a la diversidad.
Respecto al nuevo estatuto que reconoce la función docente de los más de mil educadores tradicionales del país y a la revisión de contenidos indígenas en los textos escolares de historia tampoco no son temas nuevos, Pablo Mariman nos menciona que “son procesos que se vienen regularizando en gobiernos anteriores y no hay nada nuevo que este gobierno le ponga o le saque” (entrevista personal, 21 de abril de 2021).
Otro del análisis presente en medios de comunicación hacen alusión a un sentimiento de abandono, anuncios que se fueron diluyendo, incluso se habla de atraso en el presupuesto . Y es que es necesario considerar los errores de la política pública en el conflicto mapuche que, a dos meses del discurso anunciado por el presidente, una serie de acontecimientos contradijeron sus palabras. Por un lado, las políticas de represión y la instalación del Comando Jungla en comunidades mapuche. Por otro lado, el asesinato de Camilo Catrillanca y con ello la radicalización de algunos grupos de comunidades mapuche y los comienzos del estallido social que trajo consigo cambios de gabinete presidencial, protestas y tomas de municipalidades.
Todo ello representó desconfianza y distancia de los intentos de diálogo. En el medio La tercera se destaca que las medidas relacionadas al diálogo entre representantes el pueblo mapuche y el gobierno han sido olvidadas. No obstante, a un año del lanzamiento del plan dice que “se ha instalado una desesperanza” en la zona. En este medio Héctor Vargas obispo de Temuco señala “La región desde hace décadas ha vivido la experiencia de promesas que no se han cumplido, o que lo han hecho en un grado que no ha logrado revertir las situaciones más complejas y sentidas (…) Sabemos que este tema se resuelve políticamente, pero ¿existe una real voluntad política para sacarlo adelante?”.
Finalizo este apartado, con la idea de voluntades políticas, considerando la poca información encontrada y que apunta a un estanco, cabe reflexionar sobre la interrogante que plantea el Obispo de Temuco y con ello considerar si acaso estos ejes son meras declaraciones de intenciones y por lo tanto se encuentran vacías de voluntad política y de estrategias de acción. En este sentido comparto la visión que nos plantea una antropóloga ex trabajadora de la mesa técnica de CONADI:
“Hay cosas que en el papel quedan como una declaración de intenciones súper bonito, pero en lo pragmático no se traduce en muchos elementos o en una política pública real con objetivos claros y todas las cosas que uno esperaría de una política pública” (entrevista personal, 19 de abril de 2021).
Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones personales y derivadas de la recogida de perspectivas
En primer lugar, es necesario advertir que la demanda mapuche transciende las fronteras administrativas de La Araucanía, instalándose también en zonas del sur de la provincia de Arauco (Cañete, Tirúa) y en el sector cordillerano de la provincia de Valdivia (Panguipulli), por lo que la mirada del acuerdo debe ampliarse si la intención es abordar en su integralidad el conflicto existente.
Al respecto, es necesario reconocer que la tierra forma la base del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche no solo por su capacidad productiva y las posibilidades económicas que brinda para superar la pobreza, sino que también por los lazos que posee con la historia de las comunidades que la habitan (Alberti et al. 2018).
En relación a lo anterior cabe preguntar ¿Dónde se encuentra la lógica de desarrollo productivo integral? Aquí más bien vemos una lógica de desarrollo productivo a secas que en sus avances ha beneficiado mayormente a los gremios agrícolas, es decir, a los poderosos del mundo productivo, destacado además en el discurso presidencial de Sebastián Piñera:
“También es fundamental potenciar la entrega de tierras y el fomento de iniciativas productivas, de forma tal de lograr un mejor aprovechamiento de estas tierras. Y desde ese punto de vista, vamos a buscar mecanismos que flexibilicen y mejoren la capacidad de poder disponer de sus tierras de nuestros pueblos originarios, facilitando mecanismos como arriendos, medierías, alianzas estratégicas, pero siempre velando porque la propiedad de la tierra indígena siga en manos indígenas, ya sea en forma individual o en forma colectiva, para lo cual este proyecto contempla una serie de mecanismos de participación de las comunidades”.
Para Pablo Mariman estás declaraciones dan cuenta de cómo ciertas normativas como la Ley indígena y el Convenio 169 son vistas como obstáculos para los procesos de desarrollo e inversión pensados desde esta lógica productiva economicista. Entonces dónde queda el derecho a la tierra ancestral, el reconocimiento de los mecanismos propios de liderazgo y división territorial.
Nuevamente el estado de Chile intenta asimilar comunidades indígenas desde las lógicas de desarrollo productivo con la participación y la “posibilidad” de que el pueblo mapuche pueda administrar Parques Nacionales para que puedan constituirse en grandes motores y atracción de turismo, con el financiamiento a cooperativas turísticas Fünmapu compuesta por personas mapuche y a través programas de emprendimiento con pertinencia cultural.
Al cuestionarnos sobre este desarrollo desigual cabe preguntarse cuáles son las fuerzas que están en disputa en los territorios actualmente, qué se intenta defender, cuáles son las perspectivas de desarrollo en las comunidades, qué relación tiene su cosmovisión con el territorio. En este sentido, para que un plan que propenda al desarrollo integral en la región es necesario integrar lo que cada cultura entiende y practica como desarrollo, de esta forma el respeto hacia la diversidad estará posibilitando la necesidad de redefinir conceptos como el desarrollo.
Respecto al reconocimiento constitucional y la participación política de los pueblos indígenas plantea Mariman que los ejes de la discusión que se vienen planteando con el estallido social “tienen que ver con plurinacionalidad, con derechos políticos, territoriales, socioculturales y económicos, o sea todo lo que el presente gobierno ha tratado de no admitir” (entrevista personal, 21 de abril de 2021).
Recomendaciones
Como primera recomendación es necesario mejorar el acceso a la información a través de Transparencia, reduciendo los tiempos de espera en la solicitud de información y ampliando el acceso a esta.
En segundo lugar, es necesario que los siguientes planes, programas o políticas sociales y de administración tengan una mirada regional real. Es necesario que se contemplen las problemáticas territoriales desde las bases y que se diseñen soluciones en conjunto y atingentes a las demandas de las distintas comunidades y grupos. Es decir, es apremiante la descentralización de las políticas sociales.
Luego, las medidas tomadas hablan de un interculturalismo funcional y de un reconocimiento folclórico de la cultura, dejando de lado las demandas político-territoriales que realizan diversos sectores del pueblo mapuche. Este Acuerdo posee una lógica economicista que pretende resolver cuestiones que no son económicas.
Al respecto es necesario partir desde la base, desde la formulación de estas políticas públicas. Es imperioso comenzar desde quienes diseñan e implementan estas políticas pues se reconoce la ausencia de un modelo de competencias pertinente, además la falta de visiones.
En primer lugar, y dado la importancia de políticas de este tipo, es que se deben incluir visiones de diferentes sectores y disciplinas partiendo por la mirada del pueblo mapuche la cual debería ser un referente de conocimiento que dialogue a la par con el conocimiento experto de ciencias políticas, administración pública, sociología, historia, antropología, etc.
En segundo lugar, es necesario que, para la formulación y aplicación de políticas públicas, la gestión en municipalidades y en cualquier servicio público que trabaje con población indígena, se adopte un modelo de competencia intercultural. Las competencias interculturales son “el conjunto de habilidades cognitivas, afectivas y de comportamiento que conducen a una comunicación e interrelación efectiva y apropiada con personas que pertenecen a otros sistemas culturales” . En este sentido los principales componentes del modelo de competencia intercultural son:
Valores Conocimientos Actitudes Habilidades
– Dignidad humana y derechos humanos.
– Diversidad cultural – Autoconocimiento y autorreflexión.
– De las lenguas y la comunicación.
– De culturas, cosmovisiones y religiones diversas.
– Apertura a la otredad cultural, puntos de vistas y prácticas.
– Respeto.
– Pensamiento crítico y analítico.
– Capacidad de escucha y observación.
– Empatía.
– Flexibilidad y adaptabilidad.
Al respecto la UNESCO (2017) señala que el primer paso para lograr las competencias interculturales es el saber sobre otras culturas, el segundo lo constituye el aprender a saber hacer a través de la interacción práctica y, por último, el aprender a saber ser es una fase reflexiva sobre el su propio rol social.
Cabe destacar que implementar una gestión pública con enfoque intercultural es un difícil proceso de reflexión y de autorreflexión implica romper con visiones eurocéntricas y sociocéntricas, además implica apertura y valorización del conocimiento de otras culturas.
Finalmente, considero que este modelo de competencia intercultural debe implementarse en las distintas disciplinas afines que trabajen sobre la base de la gestión pública de tal manera que se pueda garantizar por lo menos el diálogo que propenda al reconocimiento y no solo cultural, sino que también político-constitucional de los pueblos indígenas en Chile.
Por último, Mariman nos señala que para instalar una instancia de negociación y diálogo debe existir una comisión de alto nivel de Estado, con representación del pueblo mapuche, el pueblo chileno, el Estado y la ONU. Ahí se pueden expresar sus verdades históricas y hablar de temas muchos más profundos de lo que se intenta abordar en las comisiones propuestas por este gobierno.
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UNESCO (2017). Diálogo intercultural, Competencias Interculturales: marco conceptual y operativo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Entrevistas realizadas
Anónimo, comunicación personal, 19 de abril de 2021. Temuco, Chile.
Pablo Mariman, comunicación personal, 21 de abril de 2021. Temuco, Chile.
