Silenciosamente, Chile está siendo censado. A diferencia de antaño, que se realizaba en una única jornada (hecho), la actual se está realizando a lo largo de tres meses, bajo una modalidad que se denomina Censo de derecho y que es la segunda vez en que se aplica. La primera vez que se hizo, en 2012, cuando las autoridades de entonces lo calificaron como “el mejor de la historia”, trajo como resultado una amarga lección, que fue de tal magnitud que debió volver a hacerse bajo un formato de hecho apenas cinco años después.
¿Cuál sería la razón para insistir en una modalidad en la que fracasamos como país de una manera tan rotunda? El principal argumento para volver a intentarlo bajo una modalidad de derecho reside en la calidad de información posible de recopilar, al poder hacer más preguntas. El Censo 2024 es mucho más que un importante levantamiento de datos; es el paso básico para definir políticas públicas que sean más certeras para permitirnos un Chile mejor.
En poco más de 50 preguntas, podremos saber si lo que creemos haber hecho bien como país (por ejemplo en la cobertura de servicios básicos) efectivamente ha sido así, como al mismo tiempo saber cómo estamos preparados para un mundo digital, que si bien hace rato está entre nosotros, aún para muchas chilenas y chilenos es una realidad que sólo se ve por TV.
Podremos saber cómo son nuestras familias y de cómo éstas han cambiado; conocer cómo hemos cambiado con la actual ola migratoria, que es uno de los cambios más importantes de la última década. En definitiva, nos permite hacernos una idea bastante certera respecto del país que somos, pero también el que se está formando (y nosotros con él). Por ello, el trabajo que las y los censistas están realizando es extremadamente relevante y tenemos que dejarlos hacer con todas las facilidades posibles. No se trata que logremos el mejor Censo de la historia, sino que el país pueda simplemente contar con uno esté bien hecho. Nada más, pero nada menos.
Columna de Opinión realizada por el Dr. Rodrigo Cuevas, profesor en el Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública e investigador asociado al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco
