¿Qué se puede hacer con las fake news?, se preguntan varios políticos, académicos y personas en general, espectadores todos de un fenómeno que si bien no es nuevo, hoy parece haberse masificado gracias a las redes sociales.
Sobre todo en el marco de los procesos electorales, en que la velocidad con que se difunde información -no siempre verificada-, es más rápida que la capacidad de chequeo y rectificación.
La situación es seguida de cerca por el parlamento, y según publicó el medio Fast Check, ocho son los proyectos de ley que hasta el momento se han presentado en el congreso para regular las “fake news” y las redes sociales, iniciativas patrocinadas de manera transversal, y que proponen multas pecuniarias, destitución de autoridades, e incluso, penas de cárcel para quienes creen o viralicen desinformación en plataformas digitales y medios de comunicación masivos.
Ninguno de ellos, sin embargo, ha avanzado, y se encuentran en primer trámite constitucional.
El primer proyecto para combatir la desinformación fue presentado en 2018 y busca destituir a las autoridades (Presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes y concejales), en caso de difundir, promocionar o financiar noticias falsas. Otro proyecto sanciona las “fake news” que pertuben el orden público o que causen pánico en la población, presentado en el marco del estallido social; también se presentó una iniciativa para sancionar “fake news” sobre la crisis sanitaria; otra para proteger los procesos electorales, regulando las “fake news” que afecten en las decisiones electorales de las personas, protegiendo la propaganda electoral vía telemarketing y por mensajería instantánea sin el consentimiento de las personas. Además, sanciona a los candidatos que difundieran noticias falsas, como también a las autoridades, quienes tendrían que cesar de sus funciones. También se presentó un proyecto de ley “anti fake news” para regular redes sociales, que busca regular a las empresas dedicadas a las redes sociales, para que tengan un representante legal, se elimine el contenido manipulado y se solicite mayor transparencia en el uso de algoritmos de las compañías; y otra iniciativa sobre Transparencia en los medios de comunicación, para establecer y sancionar el delito de difusión de noticias falsas y fijar directrices por las cuales el Estado debe velar por la transparencia de la información en los medios de comunicación social.
¿Nuevo o viejo escenario?
Según el experto en campañas políticas, Rodrigo Landa, las “fake news” han existido desde los inicios de la propaganda en el mundo.
“Uno de los métodos históricamente utilizados han sido las encuestas inventadas o intervenidas para conducir a los votantes al ‘carro ganador’. Plantear que en el plebiscito de salida surgió un fenómeno nuevo en política, o que las ‘fake news’ marcaron el devenir de esta elección, me parece un profundo error, y no ayuda al sector que perdió para comprender las razones de fondo de su derrota. Esas razones se fundamentan en el desacople cultural entre algunas propuestas constitucionales y el sentir de la sociedad chilena”, afirmó.
Agregó que “así como hubo una sobre interpretación de quienes por el lado del Rechazo, interesadamente sacaron provecho de esa situación, hubo un maximalismo inexplicable de la Convención al plantear temas que la sociedad nunca quiso ni levantó, como la plurinacionalidad. La moraleja de la última elección, pensando en el futuro, no debe ser una fórmula para combatir las ‘fake news’, que sería muy simplista dada la complejidad del proceso. La enseñanza debe apuntar más bien al necesario anclaje que debe existir siempre en política entre propuestas y cultura, y eso es válido para todos los sectores políticos”, aseveró.
Cristian Quiroz, director del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica de Temuco, planteó que “el objetivo de las ‘fake news’ es precisamente la desinformación, y generalmente son promovidas por grupos de interés que instalan esas mentiras para su provecho o ganancias de su sector. En tiempos en que la información masiva no se realiza solo por medios convencionales como la prensa, sino fundamentalmente a través de redes sociales, muchas veces sin control de la veracidad de los contenidos o la autoría; surge una responsabilidad para los medios de comunicación, líderes políticos, autoridades, influencers y para la sociedad en general, de salvaguardar la información como un bien público, entendiendo los estragos que puede producir su uso malintencionado”, manifestó.
Jeanne Simon, politóloga y académica de la U. de Concepción, agregó que una opción para enfrentar este “nuevo” escenario, “es seguir modelos como los vistos en Europa. Se requiere de una mayor fiscalización y regulación de la libertad de expresión para controlar las noticias falsas. Un primer paso sería capacitar bien a los periodistas para que haya mayor control en los medios de comunicación masivos”.
Isabel Charlín La Discusión.cl 20-09-22
