por Gonzalo Araya, publicado en “Cooperativa“, el 26 de Octubre de 2020
Voces de Antofagasta, Valparaíso, Biobío y La Araucanía entregaron a Cooperativa sus posturas de cómo la nueva Carta Magna puede entregar mayor bienestar a las regiones.
A un día de que Chile decidiera en un histórico plebiscito redactar una nueva Constitución y enterrar su actual Ley Fundamental, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y vista como el germen de las desigualdades que originaron la crisis social, las regionesya comienzan a enarbolar las banderas de temas insoslayables en el debate.
Los chilenos votaron abrumadoramente a favor del «Apruebo» (más del 78 por ciento de los votos), la opción que abre un proceso constituyente, y eligieron que este sea absolutamente ciudadano, encargando la redacción de la nueva Carta Magna a una Convención Constitucional (79 por ciento de los votos) que estará compuesta por 155 personas elegidas por votación popular solo para ese fin.
En este nuevo e inédito escenario, cuatro académicos de Antofagasta, Valparaíso, Biobío y La Araucanía entregaron a Cooperativa sus posturas de cómo el nuevo texto puede entregar mayor independencia y alejar al centralismo que tanto ahoga a las comunidades en regiones; resarcir a los pueblos originarios; incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad y revisar la propiedad de los derechos comunes, como el agua.
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
Para el vicepresidente de la Corporación por la Regionalización del Biobío (Corbiobío), Andrés Cruz, es necesaria «indudablemente, una revisión de la división política de nuestro territorio. Que quede consignada una profunda reconsideración del establecimiento del Estado unitario por uno de carácter regional, en el que se pueda fortalecer la toma de decisiones a nivel autónomo y asegurar rentas que puedan asegurar el financiamiento o la implementación de políticas públicas a nivel territorial». Cruz invitó a discutir la creación de macroregiones «para evitar que existan centros que puedan absorber el desarrollo de todos».
Cristián Quiroz, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, indicó que «la primera definición debe ser si queremos seguir con este Estado unitario, que tanto daño le ha hecho a las regiones en términos de otorgar respuestas homogéneas a problemáticas heterogéneas. Chile es un país muy diverso entre cada uno de sus territorios y al interior de las propias regiones y comunas también hay diferencias, por lo que una mirada homogénea, uniforme, para todos los problemas nacionales, evidentemente que no ha dado un buen resultado«.
Francis Espinoza, periodista y doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Norte, expuso que «regiones como Antofagasta, que presentan un PIB bastante significativo pero una escasa cohesión social, son aquellas que reclaman por mayores condiciones de desarrollo y crecimiento, una repartija más equitativa de la torta».
«Antofagasta le aporta mucho al erario nacional, ¿pero qué tanto recibimos de vuelta?», reflexionó, para sustentar la idea de que deben existir rentas regionales. Es decir, impuestos pagados por empresas que funcionen en la región y que vayan destinados al desarrollo local.
DERECHOS COMO EL AGUA
En medio de la crisis hídrica que azota a Chile, la periodista y cientista política Karen Trajtemberg, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez (Viña del Mar), puso sobre la mesa a las comunidades que exigen que el agua sea considerada un bien público en la Carta Magna que se redacte.
A día de hoy, Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo en la gestión del agua. Se calcula que actualmente el 80 por ciento de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
«Por los derechos de agua, acá en la zona interior se está viviendo una situación muy compleja, con pequeños agricultores que están muy complicados, con una ciudadanía en general que no tiene acceso al agua», dijo Trajtemberg.
«Ese es uno de los temas que probablemente marca el hecho de que en la zona interior de Valparaíso haya ganado el ‘Apruebo’, incluso por porcentajes muy superiores al promedio del país», como en Petorca, apuntó.
PUEBLOS ORIGINARIOS
Cristián Quiroz, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, sostuvo que Chile tiene una oportunidad única para resarcir a los pueblos originarios, que representan al menos el 10 por ciento de la población total, y reconocerlos en una nueva Ley Fundamental.
«Iniciar una discusión respecto de la relación del Estado chileno y los pueblos indígenas y tribales es un tema que por 200 años no ha sido abordado en La Araucanía. Lo que ha existido son miradas más bien sustentadas en, por un lado, la represión y, por el otro, una visión economicista, pero poco se ha avanzado en materia de un diálogo respetuoso y comprendiendo la diversidad de visiones que existen», aseveró.
